Cuando una persona es muerta a balazos, nuestras sociedades lo consideran un homicidio y persiguen al criminal. Pero cuando la persona cae víctima de una sustancia tóxica, las leyes no castigan del mismo modo a los responsables.

Condenamos enérgicamente a quienes torturan a sus adversarios políticos, pero no actuamos de la misma forma ante quienes someten a los mismos sufrimientos a sus clientes. Me refiero, por supuesto, a las empresas de tabaco. Los que hemos acompañado a un enfermo terminal de cáncer sabemos que su dolor equivale al de quien ha sufrido tormentos, pero sus victimarios cotizan en la Bolsa.

De este modo, aceptamos que el derecho a un ambiente sano forma parte del amplio campo de los derechos humanos, pero nuestras sociedades están haciendo muy poco para que podamos ejercerlo.